La Justicia desestimó denuncias del PJ contra el intendente Bordoni

El Agente Fiscal, perteneciente a la Fiscalía General de Bahía Blanca, Dr. Julián Osvaldo Martínez Sebastián, desestimó las denuncisa que habían interpuesto los Concejales del Bloque del Frente Para la Victoria de la localidad de Tornquist: María Ofelia Skolak, Mónica Beatriz Sagrado, Guillermo Martín Loffler y Víctor José Antón, por considerar la inexistencia de delito,
La denuncia fue radicada el 15 de mayo de 2017, dando lugar a la causa penal 8240/2017, que tramitó en la Unidad Fiscal de instrucción y Juicio (UFIJ) N° 18 de Bahía Blanca, solicitando que se investigue la conducta de los Funcionarios Municipales responsables de la tramitación de los expedientes Municipales Nro. 242/16 -Llamado a Licitación Privada para Sistema de Seguridad por Monitores de Cámaras en Saldungaray y N° 043/17 vinculado al trámite de Licitación Privada para la adquisición de un Minibus.
Respecto a esta última, la concejal Skolak, al ser interrogada por el Fiscal, manifestó que no advirtieron la existencia de sobreprecios y que solo denunciaron “la forma” y no lo que se pagó. Asimismo, la concejal no pudo precisar si los hechos denunciados configuraron un perjuicio económico al municipio. En cuanto a la licitación de las cámaras, en las que se presentó un solo oferente vecino de Tornquist (Víginet S.A), empresa que también fue proveedora de la gestión municipal anterior a cargo de Gustavo Trankels, agregó la concejal que nada tiene que decir, reiterando que “lo que a uno le molesta es la forma en que se procedió”.
Por su parte, Federico Pablo Pérez, titular de la empresa que colocó las cámaras, expresó que se actuó de acuerdo a la ley y dentro del marco licitatorio, por lo que le llamaba la atención la denuncia, puesto que el anteproyecto de colocar cámaras de seguridad se efectuó con la anterior gestión de Gustavo Trankels, habiendo ganado varias licitaciones municipales. Dijo también el testigo que, como ocurrió en el caso denunciado, en casi todas las licitaciones se procede a realizar “demos in situ”, a requerimiento de los municipios, que consiste en Instalar cámaras para realizar videos de muestra, por lo que no hubo nada extraño. Por último, Pérez enfatizó que “la existencia de esta denuncia penal llamó mucho la atención porque en el pueblo de Tornquist todos se conocen, y su empresa es la que más cámaras de seguridad ha colocado en municipios de la Provincia de Buenos Aires y fuera de la provincia también y nunca han tenido una “mancha”. De hecho, esta fue la manera en la que la empresa trabajó incluso con la gestión anterior, colocando demos previamente a la adjudicación, con fines solamente demostrativos y de difusión del material que ofrece la empresa y nunca instalando el sistema completo fuera de los marcos licitatorios “.
Enterado de la denuncia a través de medios periodísticos, el actual jefe comunal de Tornquist Sergio Bordoni, se presentó de manera espontánea en la causa y acompañó toda la documentación vinculada con los trámites licitatorios cuestionados por los concejales denunciantes, expresando su deseo de “colaborar activamente y sin reservas en la presente investigación para su rápida resolución conforme a la verdad real de los hechos”.
En lo atinente al proceso licitatorio de las cámaras de seguridad para la localidad de Saldungaray, el actual intendente dijo que “se procedió tal cual dicen los pliegos. Todas las empresas que se presentaban tenían que hacer las pruebas in situ (demos), es decir demostración en el lugar de origen, que consiste en la instalación de cámaras para captación de imágenes y demostrar la calidad de las mismas. No solo se filman, sino se graban videos, se toman capturas de pantalla que necesitan tener una buena resolución”, agregando que durante la Intendencia del Lic. Gustavo Trankels, se realizó el mismo procedimiento licitatorio para instalar el sistema de cámaras de seguridad.
En lo referente a la compra de la combi, el jefe comunal señaló que todo se hizo dentro de los parámetros legales y de lo impuesto por el expediente licitatorio, cumpliendo con su promesa de campaña electoral consistente en adquirir dos vehículos para dar solución al problema de transporte escolar en la zona oeste del distrito, puesto que, de no hacerlo, muchos niños quedaban sin poder asistir a clases y perder el año escolar. Aclaró que hasta esa fecha el transporte se hacía con remises y combis particulares que eran contratados por el Consejo Escolar, servicio que abonaba la Provincia, con retrasos de 6 o 7 meses, lo que provocaba una situación compleja porque no había oferentes que quisieran hacerse cargo del servicio. Agregó el Intendente Municipal que esta situación se las explicó personalmente a los concejales en una reunión de trabajo en el ámbito del Concejo Deliberante. Aclaró que se pagó por la combi en cuestión la suma de $ 755.000, la que resultaba muy inferior a los valores de plaza, que rondaban como mínimo en $1.110.000, según la oferta de la empresa R1.
Luego de un análisis minucioso de las declaraciones vertidas y la demás prueba existente en el expediente judicial, el fiscal concluyó que las conductas denunciadas no alcanzaban a constituir un ilícito penal que conlleve al accionamiento del poder punitivo estatal, por lo que las denuncias, en relación a los delitos de Incumplimiento de deberes de Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y Administración Fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, fueron desestimadas o rechazadas.